El titular de la cartera social santacruceña fue contundente respecto a la implementación de la nueva ley penal juvenil en la provincia. Remarcó que la misma careció de un debate suficiente antes de su aprobación y aunque ya está vigente, el desafío radica en construir una articulación real entre los tres poderes del Estado y las familias para priorizar la contención.
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